La crisis económica que afecta al sector inmobiliario en España ha provocado que la demanda en Internet de pisos en alquiler se sitúe en el 32% de la demanda total y casi duplique la oferta de alquiler, que es del 17,6% de los anuncios publicados, según un informe del buscador en Internet Trovit.
El estudio se ha realizado analizando el mercado inmobiliario español en Internet durante el tercer trimestre de 2008 utilizando como base más de un millón y medio de pisos en venta y alquiler de la red.
En Barcelona, la demanda de pisos en alquiler llega al 49%, mientras que la oferta es tan solo del 25,5% de los anuncios y, en Madrid la demanda de vivienda en alquiler es del 49,8% del total, cuando la oferta se limita al 16,9%.
Según Trovit, estas cifras muestran que la crisis económica ha provocado un aumento del interés por el alquiler de vivienda en lugar de la compra.
También ha aumentado la cifra de propietarios de pisos que intentan vender, lo que ha provocado una fuerte disparidad entre el número de anuncios de inmuebles en venta y los que están en alquiler.
Además, el precio medio del alquiler ha descendido tanto en Madrid como en Barcelona durante los últimos tres meses, en la primera ciudad se ha situado en los 1.395 euros, un 1,4% menos, y en Barcelona en 1.206 euros, lo que supone una disminución del 1,1%.
La oferta de pisos en venta en los últimos tres meses se ha situado en el 82,4% de los anuncios publicados frente a una demanda del 68%.
El precio medio por metro cuadrado ha descendido especialmente en las provincias de Zaragoza, con un 7,3%, Álava, 4,1%, y Navarra, con un descenso del 3,2%.
Barcelona es la provincia con mayor número de anuncios de pisos en Internet, con un total de 138.853 anuncios, seguida de Madrid, con 134.549 anuncios.
El mercado del alquiler supondrá el 20% de la actividad de las agencias inmobiliarias a finales de año, frente al 5% que suponía a principios de 2007, según informaron a Servimedia desde la compañía de garantía de alquileres Arrenta.
La ralentización del mercado de venta de viviendas convierte al arrendamiento en una clara alternativa para superar la actual situación, lo que ha impulsado las operaciones que realizan las agencias inmobiliarias relacionadas con el alquiler.
Se espera además que el próximo año siga aumentando la proporción de operaciones de alquiler, hasta superar el 30%.
Este ratio acercaría a España a la media de Europa, donde el alquiler supone el 40% del negocio de las agencias.
La promoción de alquiler es uno de los puntos en los que se basa la estrategia del Ministerio de Vivienda para la próxima legislatura, sobre todo lo relacionado con los pisos protegidos.
Así, estudia medidas destinadas a incentivar fiscal y económicamente sociedades y fondos de inversión inmobiliaria para la promoción, construcción y comercialización de pisos protegidos para alquilar.
El objetivo del Ministerio es que el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años sean en régimen de alquiler.
Para impulsar el mercado del alquiler, Vivienda prepara también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la de Enjuiciamiento Civil, y quiere realizar cambios normativos que fomenten la cesión de suelos de propiedad pública en derecho de superficie.
En
el período 2005-2007 se superaron en cada año las 60.000 viviendas
protegidas terminadas, recuperando el nivel de 1999. Para el cierre de
2007 se estima una cifra de unas 65.000 unidades terminadas, un ocho
por ciento más que en 2006.
El
incremento del número de viviendas terminadas, junto al aumento de los
precios máximos de venta ha impulsado el crecimiento del valor del
mercado en los últimos años. De este modo, el valor de las viviendas
protegidas terminadas se situó en torno a los 5.000 millones de euros
en 2007, con una tasa de crecimiento del 15 por ciento respecto a 2006.
Madrid
reunió la mayor parte del valor de las viviendas protegidas terminadas
en 2007, con una participación del 34 por ciento sobre el total,
seguida de Andalucía con el 13 por ciento. A continuación figuran
Cataluña y la Comunidad Valenciana, con cuotas del ocho por ciento cada
una, seguidas del País Vasco (siete por ciento).
El
valor de las viviendas protegidas terminadas en 2008 podría situarse
próximo a los 5.900 millones de euros, con un incremento del 17 por ciento, alcanzándose los 6.200 millones de euros en 2009 (un incremento del seis por ciento).
El número de viviendas terminadas podría situarse en 2008 en unas 73.000, con un incremento del 12 por ciento,
esperándose un práctico estancamiento para 2009. En cuanto a las
viviendas iniciadas, en 2008 se espera que se inicien en torno a 95.000
viviendas protegidas, recuperando el nivel de 2006, y que se alcancen
unas 110.000 en 2009.
Según
el informe ofrecido por DBK, nuevos operadores iniciarán o
incrementarán su actividad en el mercado de vivienda protegida,
sociedades inmobiliarias poco presentes en este segmento de actividad y
empresas patrocinadas por cajas de ahorros y otras instituciones. Así,
se incrementará la rivalidad competitiva en los concursos de
adjudicación de suelo para vivienda protegida.
Comprar un piso en momentos de crisis es algo imposible para la inmensa mayoría. Los elevados precios, la denegación de hipotecas y los malabares que hay que hacer para llegar a fin de mes impiden la posibilidad de comprar una casa. Por esto, son muchos los que ya empiezan a pensar en el alquiler con opción a compra, una fórmula intermedia que a largo plazo puede permitir la compra de la residencia.
Esta nueva forma de adentrarse en la compra de un piso ha empezado a extenderse en un momento de crisis en que se buscan soluciones para poder hacerse con una vivienda. El parón de la construcción y la denegación de hipotecas por parte de los bancos hacen que tener una casa no sea tarea fácil.
La posibilidad de alquilar con opción a comprar la vivienda más adelante permitirá a muchos adquirir su vivienda si se dan las condiciones. Así, tras haber estado pagando un alquiler mensual se podrá comprar la vivienda y se descontará lo que ya ha sido abonado como alquiler.
por el momento, no son muchoas los propietarios que ven esta solución como rentable. La incertidumbre de muchos de estos propietarios viene dada por la posible pérdida que pueda suponer para ellos vender una casa de esta amnera.
Aún así, algunos propietarios han dicho sí a esta nueva fórmula de compraventa de pisos como solución ante la crisis que afecta a todos. MMS
El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas.
Este cambio normativo está motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.
Así, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Además, permitirá que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
El anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, introducirá cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.
En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. En la actualidad, el propietario sólo puede rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda para uso propio. El Anteproyecto de Ley extiende este derecho para sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos).
En el caso de los procesos judiciales, la solicitud del desahucio o el abono de rentas adeudadas terminan siendo largos y onerosos para las partes. Así, el Anteproyecto de Ley de Medidas adopta una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dan más agilidad e imprimen más eficacia a las causas. Estos cambios se hacen siguiendo dos premisas básicas: dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y salvaguardar los derechos de los inquilinos de buena fe.
El presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, valora positivamente que se agilicen los procesos de desahucio y el cobro de impagados, ya que hasta ahora “echar al mal pagador era un proceso largo y costoso y recuperar las cantidades adeudadas era imposible”. No obstante, Baena sostiene que la crisis financiera que ha agudizado la desaceleración del sector inmobiliario “no se arregla con reformas jurídicas”, por lo que demanda medidas para solventar la crisis de confianza que atraviesa la banca y que ha provocado una falta de liquidez a nivel internacional y un parón en los créditos a familias y empresas.
Por otra parte, se establece que la sentencia de condena al pago de rentas debidas incluya también las rentas que se hayan dejado de pagar con posterioridad al momento en que el arrendador interpuso la demanda. Actualmente, estas resoluciones judiciales sólo obligan al pago de las rentas no satisfechas hasta que se ha interpuesto la demanda, de manera que si desde ese momento se acumulan nuevas mensualidades sin pagar, el arrendador se ve obligado a ir de nuevo a juicio.
Otras medidas
Por otro lado, el Gobierno planea que la banca pueda emitir cédulas y bonos hipotecarios que estén respaldados por créditos para construcción de viviendas en alquiler y Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de que las entidades aumenten la financiación a promotores que se decanten por este negocio.
El Consejo de Ministros estudia la modificación de la normativa que regula las emisiones de estos títulos de deuda hipotecaria, que al ser vendidos a los inversores permiten a las entidades financieras encontrar financiación para seguir concediendo créditos hipotecarios.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, “al ampliar la posibilidad de refinanciación a través del mercado de capitales de este tipo de préstamos, se facilita que las entidades de crédito puedan concederlos con condiciones más favorables, redundando en unos menores costes para la construcción de vivienda en alquiler”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) El precio de los alquileres se incrementó un 0,3% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al descenso de 0,5 puntos porcentuales experimentado por el índice general.
El precio de los alquileres experimentó las mayores subidas en Melilla (+7,4%), Cantabria (+6,7%), Aragón (+5,8%), Comunidad de Madrid (+5,3%), Castilla-La Mancha (+5,1%), Extremadura (+4,5%) y Murcia (+4,3%).
Por debajo de la media nacional (+4,2%), se situaron País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, todas ellas con un incremento del 4%, seguidas de Cataluña (+3,8%), Asturias (+3,5%), Baleares (+3,4%), Canarias (+3,2%), Castilla y León (+3,2%) y La Rioja (+3,2%). Cerraron la lista, Galicia (+2,7%), Ceuta (+2,7%) y Navarra (+2,5%).
Carta redactada por RAFAEL LEONISIO. Fuente: El ideal.es
En España, es una costumbre muy arraigada que los poderes públicos traten de corregir los que ellos consideran malos hábitos de los ciudadanos. Para ello han empleado diversos métodos, siendo el más destacado la proliferación de anuncios, en muchos casos impactantes, en la televisión y en la prensa escrita. Quién no recuerda aquel gusano colándose en la nariz de un cocainómano o el ‘No podemos conducir por ti’, cuyo mensaje sería amplificado por unas declaraciones poco afortunadas del ex presidente Aznar. Y es que nos han dado todo tipo de consejos concernientes a nuestra vida privada, la mayoría respecto a nuestra salud y seguridad. Así, nos han aconsejado pasear, no automedicarnos, comer una cantidad diaria de frutas y verduras, conducir con precaución, no fumar, beber con moderación o ingerir mucha agua en días calurosos. Sin embargo, la Administración no ha sido tan prolija en consejos ‘económicos’, y en vista de la escalada del euríbor la verdad es que no habría estado de más, ya que el famoso índice ha hipotecado, y nunca mejor dicho, a toda una generación de españoles.
El euríbor cerró el mes de junio al 5,36%, encareciendo en tan sólo tres años un 56% la cuota de la hipoteca media. Es decir, y traducido a dinero, si la cuota hipotecaria media era de 574 euros en 2005 ahora es de 899, lo que supone 325 euros más al mes. Pero aquí no ha acabado la cosa. Según los expertos la última subida de tipos del Banco Central Europeo y la propia dinámica de la crisis financiera harán que el euríbor continúe su escalada (en julio cerró rozando el 5,4%) y que la deuda de miles de hipotecados pueda cruzar la línea roja del impago. Recientemente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha aludido a esta circunstancia, alertando de que 60.000 familias no pueden pagar la hipoteca y de que serán el doble a finales de este año.
Esta situación, ya de por sí peligrosa, se agrava por el hecho de que esas cuotas que están dejando a numerosos ciudadanos con el agua al cuello son en muchos casos de por vida. Y es que en estos últimos años se han estado firmando hipotecas a 30, 40 e incluso 50 años (es decir, en muchos casos hipotecas ‘post mortem’). Por tanto, aunque ésta puede ser una mala racha que algunos consigan superar, en demasiados casos la espada de Damocles llamada desahucio estará ahí para siempre. Porque el euríbor puede bajar otra vez, pero seguro que en las próximas décadas volverá a subir y en algún momento podría cruzar la frontera que separa tener una casa o que ésta sea subastada por el banco.
La verdad es que la cuestión de las hipotecas de por vida está dando y dará que hablar por constituir el gran problema de esa generación que ahora mismo se encuentra en torno a la treintena. Gente que para poder emanciparse ha tenido que endeudarse hasta el límite (voluntariamente, todo hay que decirlo), despojándose de una gran parte de lo que ganará en su vida para repartirlo, casi a partes iguales, entre la persona que ha hecho negocio vendiendo un inmueble (en muchos casos pequeños o grandes especuladores) y el banco o caja que ha conseguido atarle a su entidad para siempre. Personas cuya situación personal estará condicionada por esa gran deuda a largo plazo, ya que muchos aspectos personales de su vida cotidiana se verán limitados: ¿Serán libres para protestar en el trabajo? ¿Y para despedirse y buscar otra cosa mejor? ¿Y para cambiar de ciudad? ¿Se atreverán a divorciarse? ¿Tendrán todos los hijos que deseen?
¿Era ésta una situación que se podía prever? Evidentemente, sí. Si el euríbor ya había estado en torno al 5% sólo era cuestión de tiempo que volviera de nuevo a esa cifra. ¿Deberían haber tomado los poderes públicos cartas en el asunto? En mi opinión sí, sin ninguna duda. Y no hablamos, por ejemplo, de medidas drásticas de intervención en el mercado como la limitación del periodo de endeudamiento, o de la creación de un potente parque de vivienda pública de alquiler (medidas todas ellas muy deseables y que habrían paliado el problema), sino de simple información a unos ciudadanos que en muchos casos firmaban hipotecas sin tener muy en cuenta lo que les podía venir encima. Porque a estas alturas parece claro que los bancos y las cajas se callaban, o bien decían con la boca pequeña que una hipoteca de 600 euros podía crecer hasta rozar los 1.000 en apenas tres años. Es ahí donde tenía que haber entrado el Estado, tal y como reza el artículo 51.1 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». Se puede pensar que no hicieron nada debido a que la economía española crecía gracias a la construcción y por tanto interesaba que la gente se endeudara para comprar casas. Sin embargo, visto que el calibre de las deudas que se estaban firmando no era como antes, sino que en demasiados casos suponía la posibilidad de impago hasta la jubilación (o más allá), el deber del Estado era informar de lo que podría pasar en el futuro.
Por eso creo que habría sido pertinente algún anuncio televisivo que explicara lo que podía pasar con el euríbor, anunciando que en caso de impago el Estado no podría hacerse cargo de la hipoteca de nadie. Un anuncio que tuviera como lema algo parecido a la frase que da título a este artículo. Digo esto último porque ya se oyen voces pidiendo al Gobierno que se encargue de parte de la cuota del préstamo de quienes no pueden pagar la mensualidad de su hipoteca, algo que éste no puede hacer (o por lo menos no debe) sobre todo por dos razones. Por un lado sería nefasto para la economía, ya que se daría la impresión de que ‘Papá Estado’ siempre estará ahí para corregir actitudes individuales tomadas irresponsablemente, y por tanto la misma situación, u otra similar, se volvería a repetir tarde o temprano. Pero también sería profundamente injusto para aquéllos que no adquirieron una vivienda, bien porque no pudieron o bien porque vieron la posibilidad de no poder hacer frente a la deuda en un futuro cercano. Es decir, no sería lícito que aquéllos que hicieron el cálculo correcto, y que por tanto se vieron privados de algo tan ansiado en este país como un piso en propiedad, financiaran vía impuestos a los que tuvieron la irresponsabilidad de endeudarse por encima de sus posibilidades.
Con todo esto no quiero decir que los poderes públicos tengan la culpa de unas decisiones tomadas por los ciudadanos de manera individual y bajo su exclusiva responsabilidad. Pero ya que nos han dado, y nos seguirán dando, tantos consejos sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer, no habría estado mal que hubieran avisado de que la llegada de esta situación era cuestión de tiempo y, sobre todo, de que los poderes públicos, es decir, todos los contribuyentes, no pueden hacerse cargo de parte de las cuotas hipotecarias de unos pocos que han hecho mal sus cuentas.
Al día siguiente de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, las estadísticas oficiales han dado otra mala noticia al presidente de la inmobiliaria caída. Fernando Martín se ha cansado de asegurar en los últimos meses que el precio de la vivienda no iba a bajar. El ministerio le llevó ayer por primera vez la contraria e informó de que los pisos se han abaratado un 0,3% en el segundo trimestre del año, hasta los 2.095,7 euros por metro cuadrado.
La vivienda libre sigue creciendo aunque mucho menos de lo que crece la inflacción por lo tanto se puede hablar que hoy es mas barato comprar un piso que ayer.
Los expertos consultados prevén que la caída de precios -esperada por los futuros compradores y temida por los empresarios del ladrillo- llegará a finales de este año.
Según el Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, el precio de la vivienda ha descendido en torno a un 30 por ciento desde el inicio de la crisis. Según las expectativas de API los “momentos negros” para la venta de inmuebles en las provincias costeras españolas se intensificarán en septiembre.
A esta caída del 30 por ciento, el consejero delegado de Colonial augura un nuevo ajuste de aquí a dos o tres años con una caída en los precios de inmuebles de hasta el 30 por ciento.
Mariano Miguel ha señalado además que las expectativas de reducción de precios, unidas a unos indicadores económicos “cada vez peores”, están provocando un “colapso de demanda” en el mercado inmobiliario que todavía durará “un poco”. Además, el consejero delegado de Colonial ha puesto en duda que los bancos vayan a tener tiempo para gestionar el negocio del suelo, porque es un sector que necesita “mucha atención”.
Miguel también descartó la entrada de fondos extranjeros “oportunistas” (en referencia a la traducción literal del inglés de ‘opportunistic funds’) hasta dentro de unos meses, porque, aunque muchos ya han venido a tantear el mercado, por el momento “nadie remata”, según dijo.
El 60 por ciento de las inmobiliarias han cerrado
La mayoría de estas oficinas, calificadas por Baena de “chiringuitos inmobiliarios”, no pertenecían al Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, y ofrecían a los clientes unos servicios “deficientes, poco profesionales y regidos por la ley de la selva”.
Por ello, el presidente estatal de la API ha abogado por endurecer la legislación, regular el sistema inmobiliario y exigir cualificación profesional a quienes se dediquen a la compraventa inmobiliaria, para evitar así el exceso de intermediarios no profesionales.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) afirma que la verdadera dimension de la crisis inmobiliaria se vera una vez el stock actual de pisos vacios sea vendido. No se iniciarán más de 200.000 pisos, frente a los 600.000 de 2007, lo que tendria efectos “benéficos”, pero también muy perjudiciales para los empleados de este sector.
asi mismo se reclamo a las entidades financieras que fuesen mas flexibles y ajustasen cada caso a cada necesidad, ya que eso acortaria el periodo de renovacion del actual stock existente.
