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Firmar un contrato para adquirir una vivienda protegida en un plazo de cinco años y, mientras tanto, estar de alquiler en esa futura propiedad será posible a partir del próximo año. Es una de las medidas que se incluyen para reactivar el mercado inmobiliario en el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación al que ha tenido acceso Público y cuyo plazo de alegaciones concluye hoy. Esta opción sólo durará un año, hasta el 31 de diciembre de 2009, si el Gobierno no decide prorrogarlo por la crisis.

En el alquiler con obligación de compra, el adquirente tendrá derecho a las ayudas del Plan de Vivienda, aunque sólo por este periodo determinado y para complementar la estrella del Plan de Vivienda: el alquiler con opción de compra a 10 años, que da derecho a adquirir pero no obliga. El ministerio de Beatriz Corredor llama al nuevo sistema “acceso diferido a la vivienda”, aunque no lo ha inventado: algunas pequeñas inmobiliarias ya lo usan como gancho para vender pisos en un momento de parón total.

Ayudas

La diferencia con las iniciativas privadas es que el Plan de Vivienda da derecho a préstamos con condiciones especiales, ayudas a la entrada y subvenciones en las hipotecas.

Al igual que en el alquiler con opción de compra, al menos el 30% de las cantidades pagadas por el inquilino se descontarán del precio del piso a la hora de comprarlo. El ministerio ha querido poner un mínimo porque el Plan de Vivienda es un marco de ayudas que luego tienen que adoptar las comunidades autónomas, ya que son las que tienen las competencias en vivienda y gestionan tanto las ayudas estatales como las de sus propios planes autonómicos.

Los pisos que se destinen a este alquiler con obligación de compra procederán del stock que tienen sin vender las inmobiliarias y que varias fuentes del sector estiman en, aproximadamente, un millón de inmuebles. Esta medida transitoria del Plan de Vivienda busca ayudar a los promotores a aliviar su crisis, pero, para ello, tendrán que convertir pisos de precio libre en concertado (más baratos).

El ministerio les pone bastantes facilidades a las inmobiliarias, porque elimina el plazo de un año que hasta ahora debía pasar el piso sin vender para que el promotor pudiera transformarlo en protegido.

Esta medida también tiene carácter transitorio: sólo durará un año.

El Consejo General del Poder Judicial respalda el anteproyecto de reforma de la ley de arrendamientos urbanos que regula los desahucios rápidos. Se trata de una medida que otorga mayor protección jurídica al propietario de un inmueble en caso de que el inquilino no pague el alquiler o incumpla las condiciones estipuladas en el contrato.

Hasta ahora expulsar en España a un inquilino que no paga el alquiler podía convertirse en un calvario judicial para cualquier propietario.

Y esta es una de las claves que explica que en España haya un parque de más de dos millones de viviendas desocupadas, cuyos propietarios prefieren mantener cerradas antes de arriesgarse a un pleito de larga duración.
Con la nueva ley, el inquilino moroso podrá ser expulsado de la vivienda en el plazo de un mes.

Lejos de perjudicar a aquellas personas que quieren alquilar una vivienda, la reforma puede animar a una buena parte de los propietarios de pisos vacíos a sacarlos al mercado, lo que contribuiría a dinamizar la oferta y por tanto a bajar los precios de los alquileres.

Pero lo que en la teoría es de fácil aplicación, no lo es tanto en la práctica. De hecho una cosa es lo que diga la ley y otra su aplicación efectiva en un sistema judicial que se ha mostrado lento e inoperante en muchos casos por la falta de medios.

Para que la norma sea eficaz es necesario que se avance en una medida básica para la agilización de determinados procesos civiles, como es la creación de las oficinas de señalamiento, unos módulos administrativos que se encargarán de desatascar lo que hasta ahora han sido auténticos cuellos de botella en el funcionamiento de la justicia.

Las oficinas de señalamiento serán una realidad cuando el Ministerio de Justicia y las propias comunidades autónomas entiendan que son necesarias para dinamizar el mercado del alquiler. El problema es que, a lo mejor, no todas las autonomías entienden que proteger al propietario es el camino más corto para lograr el objetivo.

Fuente: Expansión

SERVIMEDIA

El mercado del alquiler supondrá el 20% de la actividad de las agencias inmobiliarias a finales de año, frente al 5% que suponía a principios de 2007, según informaron a Servimedia desde la compañía de garantía de alquileres Arrenta.

La ralentización del mercado de venta de viviendas convierte al arrendamiento en una clara alternativa para superar la actual situación, lo que ha impulsado las operaciones que realizan las agencias inmobiliarias relacionadas con el alquiler.

Se espera además que el próximo año siga aumentando la proporción de operaciones de alquiler, hasta superar el 30%.

Este ratio acercaría a España a la media de Europa, donde el alquiler supone el 40% del negocio de las agencias.

La promoción de alquiler es uno de los puntos en los que se basa la estrategia del Ministerio de Vivienda para la próxima legislatura, sobre todo lo relacionado con los pisos protegidos.

Así, estudia medidas destinadas a incentivar fiscal y económicamente sociedades y fondos de inversión inmobiliaria para la promoción, construcción y comercialización de pisos protegidos para alquilar.

El objetivo del Ministerio es que el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años sean en régimen de alquiler.

Para impulsar el mercado del alquiler, Vivienda prepara también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la de Enjuiciamiento Civil, y quiere realizar cambios normativos que fomenten la cesión de suelos de propiedad pública en derecho de superficie.

Redacción fotocasa.es , 21/08/2008, 13:38 h

El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas.

Este cambio normativo está motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.

Así, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Además, permitirá que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

El anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, introducirá cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.

En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. En la actualidad, el propietario sólo puede rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda para uso propio. El Anteproyecto de Ley extiende este derecho para sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos).

En el caso de los procesos judiciales, la solicitud del desahucio o el abono de rentas adeudadas terminan siendo largos y onerosos para las partes. Así, el Anteproyecto de Ley de Medidas adopta una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dan más agilidad e imprimen más eficacia a las causas. Estos cambios se hacen siguiendo dos premisas básicas: dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y salvaguardar los derechos de los inquilinos de buena fe.

El presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, valora positivamente que se agilicen los procesos de desahucio y el cobro de impagados, ya que hasta ahora “echar al mal pagador era un proceso largo y costoso y recuperar las cantidades adeudadas era imposible”. No obstante, Baena sostiene que la crisis financiera que ha agudizado la desaceleración del sector inmobiliario “no se arregla con reformas jurídicas”, por lo que demanda medidas para solventar la crisis de confianza que atraviesa la banca y que ha provocado una falta de liquidez a nivel internacional y un parón en los créditos a familias y empresas.

Por otra parte, se establece que la sentencia de condena al pago de rentas debidas incluya también las rentas que se hayan dejado de pagar con posterioridad al momento en que el arrendador interpuso la demanda. Actualmente, estas resoluciones judiciales sólo obligan al pago de las rentas no satisfechas hasta que se ha interpuesto la demanda, de manera que si desde ese momento se acumulan nuevas mensualidades sin pagar, el arrendador se ve obligado a ir de nuevo a juicio.

Otras medidas

Por otro lado, el Gobierno planea que la banca pueda emitir cédulas y bonos hipotecarios que estén respaldados por créditos para construcción de viviendas en alquiler y Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de que las entidades aumenten la financiación a promotores que se decanten por este negocio.

El Consejo de Ministros estudia la modificación de la normativa que regula las emisiones de estos títulos de deuda hipotecaria, que al ser vendidos a los inversores permiten a las entidades financieras encontrar financiación para seguir concediendo créditos hipotecarios.

Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, “al ampliar la posibilidad de refinanciación a través del mercado de capitales de este tipo de préstamos, se facilita que las entidades de crédito puedan concederlos con condiciones más favorables, redundando en unos menores costes para la construcción de vivienda en alquiler”.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Ejecutivo pretende invertir 300 millones de euros en la compra de suelo, para edificar VPO, y que el plazo de convocatoria para la venta de estos terrenos se iniciará en el mes de octubre.

En una intervención en el Foro Cinco Días, Corredor ha explicado que durante el mes de septiembre consensuará con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Gobierno.

No incrementará la deducción por compra de vivienda

Beatriz Corredor ha descartado la propuesta expresada por el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, de incrementar las deducciones fiscal por compra de vivienda. Montoro propuso en la anterior edición del Foro CincoDías que ésta se elevara del 15% al 25% como medio para activar las transacciones. “Penaliza a los que deciden alquilar”, puntualizó.

Opinion personal: Tal vez estemos dando los pasos que hace muchos años deberiamos de haber dado para no llegar a esta situación:

• Mas intervencion y control del estado en temas de vivienda que recordemos son un derecho constitucional.
• Mas control a los ayuntamientos e inspecciones.
• Dejar de fomentar la compra a partir de deducciones en la declaracion.
• Subvencionar el alquiler a jovenes.
• Deducciones en la declaración por alquiler.

Esta misma mañana, en el Fórum Europa, la ministra de vivienda Beatriz Corredor hizo un pequeño avance de lo que serian las nuevas medidas (plan de vivienda 2009-2012) que desde el ministerio se van a tomar para superar la crisis inmobiliaria.

Anunció algo que a no muchos construcores le hara gracia, la creación de una nueva figura de vivienda protegida no se va a producir y el reajuste del sector no debe de estar influido por politicas intervencionistas.

Las promotoras reclaman una tipologia a medio camino entre la VPO actual y la vivienda de precio libre para atender para dar salida stock de pisos nuevos sin vender.

Beatriz Corredor recordó a los promotores que ya existe un plan para fomentar las VPO destinadas a familias con ingresos no superiores a 3.000 euros al mes.

Sentencia firme

Anunció que a partir de julio empezaran a publicarse por parte del ministerio lsod atos sobre la ayuda de 210€ al alquiler.

el futuro inmobiliario

Afirmó que el sector se encontrara en un ’proceso de contracción’ de entre siete y ocho años, y que las pérdidas para las inmobiliarias para este ejercicio superarán los 3.000 millones de euros, según el Anuario estadístico del mercado inmobiliario español 2008 elaborado por la consultora R. R. de Acuña & Asociados. Dicho estudio afirma así mismo que los precios caerán un 30% en términos reales.

“Uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda”

Así lo confirmaba esta mañana la ministra de vivienda Beatriz Corredor. Nuevas medidas que intentarán mejorar el acceso a la vivienda protegida -tanto en propiedad como en alquiler, promoción de alojamientos destinados a colectivos específicos (jóvenes, universitarios, personas mayores, víctimas de malos tratos e investigadores), y el impulso del alquiler.

La ministra consideró estas medidas ”fundamentales” teniendo en cuenta la crisis que sufre el sector de la construcción.