La crisis económica que afecta al sector inmobiliario en España ha provocado que la demanda en Internet de pisos en alquiler se sitúe en el 32% de la demanda total y casi duplique la oferta de alquiler, que es del 17,6% de los anuncios publicados, según un informe del buscador en Internet Trovit.
El estudio se ha realizado analizando el mercado inmobiliario español en Internet durante el tercer trimestre de 2008 utilizando como base más de un millón y medio de pisos en venta y alquiler de la red.
En Barcelona, la demanda de pisos en alquiler llega al 49%, mientras que la oferta es tan solo del 25,5% de los anuncios y, en Madrid la demanda de vivienda en alquiler es del 49,8% del total, cuando la oferta se limita al 16,9%.
Según Trovit, estas cifras muestran que la crisis económica ha provocado un aumento del interés por el alquiler de vivienda en lugar de la compra.
También ha aumentado la cifra de propietarios de pisos que intentan vender, lo que ha provocado una fuerte disparidad entre el número de anuncios de inmuebles en venta y los que están en alquiler.
Además, el precio medio del alquiler ha descendido tanto en Madrid como en Barcelona durante los últimos tres meses, en la primera ciudad se ha situado en los 1.395 euros, un 1,4% menos, y en Barcelona en 1.206 euros, lo que supone una disminución del 1,1%.
La oferta de pisos en venta en los últimos tres meses se ha situado en el 82,4% de los anuncios publicados frente a una demanda del 68%.
El precio medio por metro cuadrado ha descendido especialmente en las provincias de Zaragoza, con un 7,3%, Álava, 4,1%, y Navarra, con un descenso del 3,2%.
Barcelona es la provincia con mayor número de anuncios de pisos en Internet, con un total de 138.853 anuncios, seguida de Madrid, con 134.549 anuncios.
La compraventa de vivienda ha caído en La Rioja un 80 por ciento desde agosto, mientras que el alquiler ha ascendido un 32 por ciento, según un estudio realizado por La Corte de Arbitraje y hecho público hoy.
Este informe revela también que el cierre de inmobiliarias ha aumentado un 58 por ciento en el mismo periodo, en el que además ha descendido un 10 por ciento la conflictividad en los juzgados ordinarios.
Estos datos son aportados por el último muestreo realizado a los 5.381 profesionales que colaboran con la Corte de Arbitraje, y que representan un 48% del sector que se dedica al alquiler.
La Corte de Arbitraje es un organismo independiente de arbitraje institucional. En un comunicado, la entidad relaciona la caída de la conflictividad en juzgados ordinarios con el incremento del alquiler, y alaba especilamente la puesta en marcha de la Garantía de alquiler.
En la citada nota, el secretario general de la Corte de Arbitraje, Mario Navarro-Rubio, analiza el vuelco que ha dado el mercado inmobiliario no sólo para el ciudadano, sino para los profesionales, ya que “dónde antes el principal motor económico de cualquier inmobiliaria era en un 95% la compraventa, ahora el único sustento real de las inmobiliarias que perviven es el alquiler, que les permite continuar con su actividad, y no seguir el rumbo del resto de profesionales, que en un 60%, han tenido que cerrar al no adaptarse a los tiempos”.
También hace hincapié en la magnitud que ha alcanzado el alquiler “con múltiples salidas (con opción a compra, VPO, cambio de pisos de obra nueva por alquiler, etc.) como recurso para solucionar el problema de la crisis en la que está inmerso el sector, unido a la solución rápida, cómoda y económica para salvar un segundo problema como es el acceso a la vivienda”.
El precio medio de las casas en alquiler subió un 4,3% en el mes de septiembre, dos décimas por debajo del Índice de Precios de Consumo general (4,5% en tasa interanual), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, el precio de los alquileres aumentó un 0,2% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al estancamiento experimentado por el índice general.
En lo que va de año, el incremento acumulado del precio de los alquileres alcanza el 3,4%, casi un punto y medio porcentual por encima del IPC general, del 2%.
Por comunidades, el precio de los alquileres experimentó las mayores subidas en Melilla (+8%), Cantabria (+6,5%), Aragón (+6,4%), Comunidad de Madrid (+5,2%), Castilla-La Mancha (+4,7%) y Murcia (+4,6%).
En línea con el promedio nacional (+4,3%), se situaron Andalucía, y País Vasco, mientras que por debajo se localizaron Cataluña y Extremadura, con un incremento del 4%, seguidas de Canarias (+3,8%), Comunidad Valenciana (+3,7%) y Baleares, Asturias y La Rioja, con una subida del 3,6%. Cerraron la lista Castilla y León (+3,3%), Galicia (+3,2%), Ceuta (+2,6%) y Navarra (+2,5%).
Por otra parte, los precios de conservación de la vivienda se incrementaron un 4,5% en el último año, dos décimas por encima de los alquileres. Además, esta rúbrica se incrementó un 0,3% en el mes de septiembre.
El número de viviendas vendidas durante el primer semestre del año se ha situado en 314.949 unidades, lo que supone un descenso del 31,2% respecto al mismo periodo de 2007, según ha informado el Ministerio de Vivienda.
Por tipos de vivienda, la de segunda mano es la que ha experimentado un mayor descenso en las ventas de la primera mitad del año, con una caída del 46,6%, hasta los 133.572 pisos.
Las viviendas nuevas, por su parte, han sufrido un descenso del 12,7% en este periodo del año, quedándose en las 133.572 unidades.
La estadística de Vivienda refleja que se intensifica el descenso de la demanda, dado que en el segundo trimestre del año las ventas totales han caído un 2% respecto a los tres primeros meses del ejercicio.
20 minutos nos “refresca” las razones de por que el alquiler no acaba de funcionar ni si quiera en tiempos de crisis y con una demanda creciente.
Legislación. Los propietarios se sienten desprotegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos ante posibles impagos, retrasos y destrozos. Los dilatados procesos de desahucio hacen que muchos prefieran dejar sus casas vacías.
Provisionalidad.La ley tambié n establece un plazo máximo de cinco años de duración, tras los cuales el propietario podrá rescindir el contrato. Esto hace que los inquilinos no piensen en el alquiler como una forma de vida a medio o largo plazo.
Cultura de compra. «Alquilar es tirar el dinero». Esta máxima está en la cabeza de la mayoría de los españoles, que ven en la propiedad un valor de inversión de cara al futuro.
Precios. Los altos precios del alquiler (en torno a los 11 €/m2) refuerzan la idea de la compra, ya que las rentas mensuales casi se equiparan con las letras de una hipoteca.
Especulación. Detrás de muchas de las tres millones de viviendas vacías que se calcula que existen en España se encuentran grandes propietarios a la espera de su venta o de la declaración oficial del estado de ruina.
Falta de protección. Las políticas públicas en materia de vivienda se han centrado casi exclusivamente a la compra. Las viviendas protegidas arrendadas suponen un 1% del total, frente al 18% de media en la Unión Europea.
Poca movilidad. Los españoles son los europeos que menos se mueven geográficamente por motivos de trabajo. De hecho, sólo el 15% de los trabajadores cuenta con alguna experiencia laboral fuera de las fronteras de su región o país.
Abusos. La falta de seguridad legal y la picaresca lleva a muchos propiteraios a incluir cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, como el pago de una fianza de varios meses o el establecimiento de un aval personal o bancario. Garantías que la mayoría de los inquilinos no puede ofrecer.
En
el período 2005-2007 se superaron en cada año las 60.000 viviendas
protegidas terminadas, recuperando el nivel de 1999. Para el cierre de
2007 se estima una cifra de unas 65.000 unidades terminadas, un ocho
por ciento más que en 2006.
El
incremento del número de viviendas terminadas, junto al aumento de los
precios máximos de venta ha impulsado el crecimiento del valor del
mercado en los últimos años. De este modo, el valor de las viviendas
protegidas terminadas se situó en torno a los 5.000 millones de euros
en 2007, con una tasa de crecimiento del 15 por ciento respecto a 2006.
Madrid
reunió la mayor parte del valor de las viviendas protegidas terminadas
en 2007, con una participación del 34 por ciento sobre el total,
seguida de Andalucía con el 13 por ciento. A continuación figuran
Cataluña y la Comunidad Valenciana, con cuotas del ocho por ciento cada
una, seguidas del País Vasco (siete por ciento).
El
valor de las viviendas protegidas terminadas en 2008 podría situarse
próximo a los 5.900 millones de euros, con un incremento del 17 por ciento, alcanzándose los 6.200 millones de euros en 2009 (un incremento del seis por ciento).
El número de viviendas terminadas podría situarse en 2008 en unas 73.000, con un incremento del 12 por ciento,
esperándose un práctico estancamiento para 2009. En cuanto a las
viviendas iniciadas, en 2008 se espera que se inicien en torno a 95.000
viviendas protegidas, recuperando el nivel de 2006, y que se alcancen
unas 110.000 en 2009.
Según
el informe ofrecido por DBK, nuevos operadores iniciarán o
incrementarán su actividad en el mercado de vivienda protegida,
sociedades inmobiliarias poco presentes en este segmento de actividad y
empresas patrocinadas por cajas de ahorros y otras instituciones. Así,
se incrementará la rivalidad competitiva en los concursos de
adjudicación de suelo para vivienda protegida.
Comprar un piso en momentos de crisis es algo imposible para la inmensa mayoría. Los elevados precios, la denegación de hipotecas y los malabares que hay que hacer para llegar a fin de mes impiden la posibilidad de comprar una casa. Por esto, son muchos los que ya empiezan a pensar en el alquiler con opción a compra, una fórmula intermedia que a largo plazo puede permitir la compra de la residencia.
Esta nueva forma de adentrarse en la compra de un piso ha empezado a extenderse en un momento de crisis en que se buscan soluciones para poder hacerse con una vivienda. El parón de la construcción y la denegación de hipotecas por parte de los bancos hacen que tener una casa no sea tarea fácil.
La posibilidad de alquilar con opción a comprar la vivienda más adelante permitirá a muchos adquirir su vivienda si se dan las condiciones. Así, tras haber estado pagando un alquiler mensual se podrá comprar la vivienda y se descontará lo que ya ha sido abonado como alquiler.
por el momento, no son muchoas los propietarios que ven esta solución como rentable. La incertidumbre de muchos de estos propietarios viene dada por la posible pérdida que pueda suponer para ellos vender una casa de esta amnera.
Aún así, algunos propietarios han dicho sí a esta nueva fórmula de compraventa de pisos como solución ante la crisis que afecta a todos. MMS
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) El precio de los alquileres se incrementó un 0,3% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al descenso de 0,5 puntos porcentuales experimentado por el índice general.
El precio de los alquileres experimentó las mayores subidas en Melilla (+7,4%), Cantabria (+6,7%), Aragón (+5,8%), Comunidad de Madrid (+5,3%), Castilla-La Mancha (+5,1%), Extremadura (+4,5%) y Murcia (+4,3%).
Por debajo de la media nacional (+4,2%), se situaron País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, todas ellas con un incremento del 4%, seguidas de Cataluña (+3,8%), Asturias (+3,5%), Baleares (+3,4%), Canarias (+3,2%), Castilla y León (+3,2%) y La Rioja (+3,2%). Cerraron la lista, Galicia (+2,7%), Ceuta (+2,7%) y Navarra (+2,5%).
Carta redactada por RAFAEL LEONISIO. Fuente: El ideal.es
En España, es una costumbre muy arraigada que los poderes públicos traten de corregir los que ellos consideran malos hábitos de los ciudadanos. Para ello han empleado diversos métodos, siendo el más destacado la proliferación de anuncios, en muchos casos impactantes, en la televisión y en la prensa escrita. Quién no recuerda aquel gusano colándose en la nariz de un cocainómano o el ‘No podemos conducir por ti’, cuyo mensaje sería amplificado por unas declaraciones poco afortunadas del ex presidente Aznar. Y es que nos han dado todo tipo de consejos concernientes a nuestra vida privada, la mayoría respecto a nuestra salud y seguridad. Así, nos han aconsejado pasear, no automedicarnos, comer una cantidad diaria de frutas y verduras, conducir con precaución, no fumar, beber con moderación o ingerir mucha agua en días calurosos. Sin embargo, la Administración no ha sido tan prolija en consejos ‘económicos’, y en vista de la escalada del euríbor la verdad es que no habría estado de más, ya que el famoso índice ha hipotecado, y nunca mejor dicho, a toda una generación de españoles.
El euríbor cerró el mes de junio al 5,36%, encareciendo en tan sólo tres años un 56% la cuota de la hipoteca media. Es decir, y traducido a dinero, si la cuota hipotecaria media era de 574 euros en 2005 ahora es de 899, lo que supone 325 euros más al mes. Pero aquí no ha acabado la cosa. Según los expertos la última subida de tipos del Banco Central Europeo y la propia dinámica de la crisis financiera harán que el euríbor continúe su escalada (en julio cerró rozando el 5,4%) y que la deuda de miles de hipotecados pueda cruzar la línea roja del impago. Recientemente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha aludido a esta circunstancia, alertando de que 60.000 familias no pueden pagar la hipoteca y de que serán el doble a finales de este año.
Esta situación, ya de por sí peligrosa, se agrava por el hecho de que esas cuotas que están dejando a numerosos ciudadanos con el agua al cuello son en muchos casos de por vida. Y es que en estos últimos años se han estado firmando hipotecas a 30, 40 e incluso 50 años (es decir, en muchos casos hipotecas ‘post mortem’). Por tanto, aunque ésta puede ser una mala racha que algunos consigan superar, en demasiados casos la espada de Damocles llamada desahucio estará ahí para siempre. Porque el euríbor puede bajar otra vez, pero seguro que en las próximas décadas volverá a subir y en algún momento podría cruzar la frontera que separa tener una casa o que ésta sea subastada por el banco.
La verdad es que la cuestión de las hipotecas de por vida está dando y dará que hablar por constituir el gran problema de esa generación que ahora mismo se encuentra en torno a la treintena. Gente que para poder emanciparse ha tenido que endeudarse hasta el límite (voluntariamente, todo hay que decirlo), despojándose de una gran parte de lo que ganará en su vida para repartirlo, casi a partes iguales, entre la persona que ha hecho negocio vendiendo un inmueble (en muchos casos pequeños o grandes especuladores) y el banco o caja que ha conseguido atarle a su entidad para siempre. Personas cuya situación personal estará condicionada por esa gran deuda a largo plazo, ya que muchos aspectos personales de su vida cotidiana se verán limitados: ¿Serán libres para protestar en el trabajo? ¿Y para despedirse y buscar otra cosa mejor? ¿Y para cambiar de ciudad? ¿Se atreverán a divorciarse? ¿Tendrán todos los hijos que deseen?
¿Era ésta una situación que se podía prever? Evidentemente, sí. Si el euríbor ya había estado en torno al 5% sólo era cuestión de tiempo que volviera de nuevo a esa cifra. ¿Deberían haber tomado los poderes públicos cartas en el asunto? En mi opinión sí, sin ninguna duda. Y no hablamos, por ejemplo, de medidas drásticas de intervención en el mercado como la limitación del periodo de endeudamiento, o de la creación de un potente parque de vivienda pública de alquiler (medidas todas ellas muy deseables y que habrían paliado el problema), sino de simple información a unos ciudadanos que en muchos casos firmaban hipotecas sin tener muy en cuenta lo que les podía venir encima. Porque a estas alturas parece claro que los bancos y las cajas se callaban, o bien decían con la boca pequeña que una hipoteca de 600 euros podía crecer hasta rozar los 1.000 en apenas tres años. Es ahí donde tenía que haber entrado el Estado, tal y como reza el artículo 51.1 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». Se puede pensar que no hicieron nada debido a que la economía española crecía gracias a la construcción y por tanto interesaba que la gente se endeudara para comprar casas. Sin embargo, visto que el calibre de las deudas que se estaban firmando no era como antes, sino que en demasiados casos suponía la posibilidad de impago hasta la jubilación (o más allá), el deber del Estado era informar de lo que podría pasar en el futuro.
Por eso creo que habría sido pertinente algún anuncio televisivo que explicara lo que podía pasar con el euríbor, anunciando que en caso de impago el Estado no podría hacerse cargo de la hipoteca de nadie. Un anuncio que tuviera como lema algo parecido a la frase que da título a este artículo. Digo esto último porque ya se oyen voces pidiendo al Gobierno que se encargue de parte de la cuota del préstamo de quienes no pueden pagar la mensualidad de su hipoteca, algo que éste no puede hacer (o por lo menos no debe) sobre todo por dos razones. Por un lado sería nefasto para la economía, ya que se daría la impresión de que ‘Papá Estado’ siempre estará ahí para corregir actitudes individuales tomadas irresponsablemente, y por tanto la misma situación, u otra similar, se volvería a repetir tarde o temprano. Pero también sería profundamente injusto para aquéllos que no adquirieron una vivienda, bien porque no pudieron o bien porque vieron la posibilidad de no poder hacer frente a la deuda en un futuro cercano. Es decir, no sería lícito que aquéllos que hicieron el cálculo correcto, y que por tanto se vieron privados de algo tan ansiado en este país como un piso en propiedad, financiaran vía impuestos a los que tuvieron la irresponsabilidad de endeudarse por encima de sus posibilidades.
Con todo esto no quiero decir que los poderes públicos tengan la culpa de unas decisiones tomadas por los ciudadanos de manera individual y bajo su exclusiva responsabilidad. Pero ya que nos han dado, y nos seguirán dando, tantos consejos sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer, no habría estado mal que hubieran avisado de que la llegada de esta situación era cuestión de tiempo y, sobre todo, de que los poderes públicos, es decir, todos los contribuyentes, no pueden hacerse cargo de parte de las cuotas hipotecarias de unos pocos que han hecho mal sus cuentas.
