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Firmar un contrato para adquirir una vivienda protegida en un plazo de cinco años y, mientras tanto, estar de alquiler en esa futura propiedad será posible a partir del próximo año. Es una de las medidas que se incluyen para reactivar el mercado inmobiliario en el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación al que ha tenido acceso Público y cuyo plazo de alegaciones concluye hoy. Esta opción sólo durará un año, hasta el 31 de diciembre de 2009, si el Gobierno no decide prorrogarlo por la crisis.

En el alquiler con obligación de compra, el adquirente tendrá derecho a las ayudas del Plan de Vivienda, aunque sólo por este periodo determinado y para complementar la estrella del Plan de Vivienda: el alquiler con opción de compra a 10 años, que da derecho a adquirir pero no obliga. El ministerio de Beatriz Corredor llama al nuevo sistema “acceso diferido a la vivienda”, aunque no lo ha inventado: algunas pequeñas inmobiliarias ya lo usan como gancho para vender pisos en un momento de parón total.

Ayudas

La diferencia con las iniciativas privadas es que el Plan de Vivienda da derecho a préstamos con condiciones especiales, ayudas a la entrada y subvenciones en las hipotecas.

Al igual que en el alquiler con opción de compra, al menos el 30% de las cantidades pagadas por el inquilino se descontarán del precio del piso a la hora de comprarlo. El ministerio ha querido poner un mínimo porque el Plan de Vivienda es un marco de ayudas que luego tienen que adoptar las comunidades autónomas, ya que son las que tienen las competencias en vivienda y gestionan tanto las ayudas estatales como las de sus propios planes autonómicos.

Los pisos que se destinen a este alquiler con obligación de compra procederán del stock que tienen sin vender las inmobiliarias y que varias fuentes del sector estiman en, aproximadamente, un millón de inmuebles. Esta medida transitoria del Plan de Vivienda busca ayudar a los promotores a aliviar su crisis, pero, para ello, tendrán que convertir pisos de precio libre en concertado (más baratos).

El ministerio les pone bastantes facilidades a las inmobiliarias, porque elimina el plazo de un año que hasta ahora debía pasar el piso sin vender para que el promotor pudiera transformarlo en protegido.

Esta medida también tiene carácter transitorio: sólo durará un año.

El Consejo General del Poder Judicial respalda el anteproyecto de reforma de la ley de arrendamientos urbanos que regula los desahucios rápidos. Se trata de una medida que otorga mayor protección jurídica al propietario de un inmueble en caso de que el inquilino no pague el alquiler o incumpla las condiciones estipuladas en el contrato.

Hasta ahora expulsar en España a un inquilino que no paga el alquiler podía convertirse en un calvario judicial para cualquier propietario.

Y esta es una de las claves que explica que en España haya un parque de más de dos millones de viviendas desocupadas, cuyos propietarios prefieren mantener cerradas antes de arriesgarse a un pleito de larga duración.
Con la nueva ley, el inquilino moroso podrá ser expulsado de la vivienda en el plazo de un mes.

Lejos de perjudicar a aquellas personas que quieren alquilar una vivienda, la reforma puede animar a una buena parte de los propietarios de pisos vacíos a sacarlos al mercado, lo que contribuiría a dinamizar la oferta y por tanto a bajar los precios de los alquileres.

Pero lo que en la teoría es de fácil aplicación, no lo es tanto en la práctica. De hecho una cosa es lo que diga la ley y otra su aplicación efectiva en un sistema judicial que se ha mostrado lento e inoperante en muchos casos por la falta de medios.

Para que la norma sea eficaz es necesario que se avance en una medida básica para la agilización de determinados procesos civiles, como es la creación de las oficinas de señalamiento, unos módulos administrativos que se encargarán de desatascar lo que hasta ahora han sido auténticos cuellos de botella en el funcionamiento de la justicia.

Las oficinas de señalamiento serán una realidad cuando el Ministerio de Justicia y las propias comunidades autónomas entiendan que son necesarias para dinamizar el mercado del alquiler. El problema es que, a lo mejor, no todas las autonomías entienden que proteger al propietario es el camino más corto para lograr el objetivo.

Fuente: Expansión

El precio medio de las casas en alquiler subió un 4,3% en el mes de septiembre, dos décimas por debajo del Índice de Precios de Consumo general (4,5% en tasa interanual), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el precio de los alquileres aumentó un 0,2% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al estancamiento experimentado por el índice general.

En lo que va de año, el incremento acumulado del precio de los alquileres alcanza el 3,4%, casi un punto y medio porcentual por encima del IPC general, del 2%.

Por comunidades, el precio de los alquileres experimentó las mayores subidas en Melilla (+8%), Cantabria (+6,5%), Aragón (+6,4%), Comunidad de Madrid (+5,2%), Castilla-La Mancha (+4,7%) y Murcia (+4,6%).

En línea con el promedio nacional (+4,3%), se situaron Andalucía, y País Vasco, mientras que por debajo se localizaron Cataluña y Extremadura, con un incremento del 4%, seguidas de Canarias (+3,8%), Comunidad Valenciana (+3,7%) y Baleares, Asturias y La Rioja, con una subida del 3,6%. Cerraron la lista Castilla y León (+3,3%), Galicia (+3,2%), Ceuta (+2,6%) y Navarra (+2,5%).

Por otra parte, los precios de conservación de la vivienda se incrementaron un 4,5% en el último año, dos décimas por encima de los alquileres. Además, esta rúbrica se incrementó un 0,3% en el mes de septiembre.

Noticias Europapress

El director de análisis e investigación de mercados de Aguirre Newman, Javier García-Mateo, estima que de mantenerse el actual coste de financiación, el precio de los pisos podría bajar entre un 30 y un 40%. Además, España acumula un stock de pisos sin vender próximo a los 2 millones, con lo que la crisis inmobiliaria se prolongará como mínimo 3 años y medio. Se ha frenado la construcción de nueva vivienda y la compra de suelo, y los bancos tan sólo financian proyectos que ofrezcan rentabilidad desde el primer año.

El nuevo Plan estatal mejorará la financiación de viviendas protegidas de nueva construcción para alquiler

La ministra ha relatado que, al objeto de potenciar el mercado del alquiler, tanto libre como protegido, el Gobierno va a adoptar una serie de cambios legislativos. Entre los mismos se encuentran las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Arrendamientos Urbanos, para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para que se animen a poner en el mercado sus viviendas vacías.

Por otra parte, ha incidido en las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en los últimos días: la regulación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria y la creación de una nueva línea de crédito del ICO de 3.000 millones de euros para permitir la refinanciación de la deuda de los promotores cuando conviertan la vivienda libre en venta, en vivienda para alquiler durante un plazo determinado. “Estas dos medidas están dirigidas, por un lado a conseguir el principal objetivo del Gobierno, mantener el empleo, y a estimular la oferta de alquiler y aumentar la liquidez”, ha recalcado la ministra.

En el marco de las políticas de fomento del alquiler, la ministra ha recordado la importancia de la Renta Básica de Emancipación, “una medida que está ayudando a la los jóvenes a iniciar una vida independiente”. La titular de Vivienda ha recordado que, según datos del Observatorio de la Juventud, en el segundo trimestre del año la emancipación de los jóvenes ha subido un 3%, “lo que coincide con un aumento de solicitudes y de pagos de la Renta Básica de Emancipación. Sólo desde el 1 de julio al 1 de octubre de este año se han multiplicado por dos los pagos realizados por este concepto”, hasta rozar los 45.000 perceptores.

Una veintena de jóvenes de la asociación V de Vivienda se ha encerrado esta noche (5 de octubre) en el vestíbulo de una sucursal de Caja Madrid en la Gran Vía, que han decorado como si fuera una casa, para reivindicar el “alquiler social universal”. Esta organización propone que el derecho a una vivienda sea “un servicio público como la sanidad o la educación”, y para ello proponen la creación de un parque público de vivienda en alquiler con un coste “basado en el mantenimiento del inmueble” con el uso de “las más de cuatro millones de casas vacías existentes en España”, ha explicado a Efe su portavoz, Daniel Jiménez.

V de Vivienda ha elegido ocupar un banco para inaugurar la campaña por un alquiler social porque, a su juicio, las entidades bancarias “son las culpables de la crisis actual” del mercado inmobiliario, ya que “han apostado por un modelo de especulación que ha hecho hipotecarse a mucha gente”.

“Las siguientes acciones serán ocupar inmobiliarias“, ha comentado Jaime Matamoros, otro de los jóvenes que esta noche ha tendido la ropa, ha extendido su esterilla y ha plantado una mesa con comida en el vestíbulo de un banco.

En el exterior, los manifestantes han colocado varias pancartas en las que podía leerse “Casero automático: beneficios para ellos, crisis para todos”, que ha llamado la atención de todos los conductores que en ese momento atravesaban una de las grandes calles de la capital.

Fuente: El Pais

V de vivienda en Barcelona bcn.vdevivienda.net
V de vivienda en madrid madrid.vdevivienda.net

El volumen de embargos hipotecarios, cuyos procesos se han ido acumulando en los juzgados a lo largo de los últimos meses, mostrará toda su crudeza a finales de año. ¿Problema? La vivienda es un activo “ilíquido”. Algunas subastas terminan desiertas, pese a aplicar rebajas de hasta el 40%. Los consultores estiman que las entidades optarán por alquilar su stock de pisos ante las dificultades para desprenderse de estos activos.

De este modo, los bancos y las cajas están acumulando en sus balances un creciente volumen de pisos, procedentes del impago de particulares y empresas. Sin embargo, el problema consiste ahora en cómo dar salida a este tipo de activos. La crisis ha multiplicado por tres las subastas de pisos en apenas dos años. Sin embargo, hoy por hoy, la vivienda es un “activo ilíquido”, según estos mismos expertos

Fuente:Libertad Dig.

Madrid es la segunda región española que tiene más pisos en alquiler sin declarar a Hacienda, lo que supone un fraude tributario.

En total son 201.392 inmuebles, cifra sólo superada por Cataluña, que tiene 299.065, según un estudio sobre alquileres sumergidos, elaborado por Gestha (colectivo de técnicos de Hacienda).

El fraude en arriendos ha aumentado en un 8,6%

El fraude con los arriendos aumentó en un 8,6% entre 2004 y 2006. Por el contrario, las comunidades que menos defraudan son Cantabria y La Rioja, con 6.427 y 1.701 viviendas en alquiler sin declarar.

Gestha cree que la solución es recoger una delimitación de derechos y obligaciones de los dueños y los inquilinos. Según su opinión, las medidas del Gobierno han conseguido dinamizar el mercado del alquiler, con un aumento de las personas que declaran su piso, aunque el 14,8% de los inmuebles todavía están vacíos.

Más de 1.028.000 alquileres son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control del Fisco, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España presentan irregularidades.

La cifra de viviendas no declaradas apenas se ha reducido en seis puntos porcentuales en los últimos tres años, al pasar de representar el 65,9% del parque total de inmuebles en alquiler en 2004 a un 60% en 2006, según la II edición del Estudio sobre la Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España realizado anualmente por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El Parlamento de Cataluña aprobó hoy una propuesta de resolución del
tripartito, con los votos en contra de la oposición, que insta al
Govern a movilizar 5.000 viviendas desocupadas al parque de alquiler
este año, y 6.000 en 2009.

   El texto también reclama llevar a cabo los objetivos del Pacto
Nacional de Vivienda de este año, transformar Adigsa en agencia de
vivienda antes de acabar el próximo año, así como construir 13.000
viviendas de protección oficial en 2009.

   Además, pide apoyar a las personas con menos recursos, con 30.000
ayudas para el pago del alquiler y la emancipación residencial; crear
40.000 ayudas destinadas a la rehabilitación en 2009, y aprobar el
Decreto de Habitabilidad con la “máxima celeridad posible”.

   Otras iniciativas que incluye la propuesta son la aprobación del
Decreto del Registro Único de Solicitantes de Vivienda Protegida;
elaborar el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, y poner en marcha
la Comisión de Fiscalidad antes del primer trimestre del próximo año.

Fuente Europapress