26 Sep 2008
Vivienda estudia modificar las condiciones de acceso a las VPO
El ‘río’ de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) podría bajar turbulento de confirmarse la intención del Ministerio de Vivienda de aumentar el tope de renta disponible de la unidad familiar que permite acceder a una casa pública. Si se concreta la medida, con una renta de 43.000 euros anuales se pasaría a ser potencial propietario de una casa pagada por todos.
«Se trata de un primer documento de trabajo que tendrá que ser discutido con las comunidades autónomas», argumentan en el Ministerio.
De confirmarse el cambio, los efectos serán devastadores para el mercado inmobiliario, consideran en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). «Éste es el peor momento para poner en marcha una iniciativa así. Se prima en exceso la oferta de VPO y, estando el mercado como está, ¿quién va a comprar vivienda libre en España? Se está estrechando aún más el cerco sobre los constructores y promotores y esto es un gran error», considera Antonio Portillo, presidente del Consejo Académico de Vivienda del IPE.
Y no sólo eso. El experto del Instituto estima que la principal perjudicada será la propia VPO. «Como ya reconoce hasta la ministra, el suelo con destino a VPO procede en su mayoría de las reservas obligatorias que los promotores han de destinar a este tipo de casas. Si no se construyen las casas libres, ese suelo no se desarrollará ni urbanizará», explica.
De distinta manera ven la cuestión en la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), donde también esgrimen, precisamente, el argumento de la actual coyuntura: «A la vista de lo que está sucediendo [en el mercado], la medida permite a los aspirantes alcanzar los niveles de ingresos que las entidades de crédito exigen ahora para poder facilitar la operación hipotecaria», considera Francesc Villanueva, presidente de la AVS. «Estos indicadores deberían ser revisados con mayor frecuencia», insiste.
Situación límite o simple reajuste, la posible modificación en el nivel de renta máxima que permite acceder a una casa pública reabre el debate sobre el sentido mismo de la VPO. La medida en estudio prevé el acceso a una casa de régimen especial, la más barata, a familias cuya renta diponible ascienda hasta cuatro veces (24.811 euros anuales) el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), mientras que hasta ahora el tope máximo era de 2,5 veces esta referencia. El tramo intermedio pasaría de 5,5 veces el Iprem a seis (37.216 euros) y en el lugar más alto de la tabla, las viviendas de precio concertado, el cambio sería de 6,5 veces el indicador a siete (43.419 euros).
Fuente: El Mundo
